Boletín

Presentación de la Ley Participativa de Radio y Televisión

El jueves 12 de marzo el Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación presentó el Proyecto de Ley Participativa de Radio y Televisión, que regula las frecuencias de radio y televisión y el espectro radioeléctrico; fortalece el surgimiento de diversos medios de comunicación; y prevé la entrada en vigencia de la digitalización de la televisión en el país.

Adriana Naranjo, representante de la Red de Medios y Comunicación Alternativa (RedMica), que reúne más de 80 organizaciones y medios, explicó que el documento fue construido con diferentes sectores de la sociedad civil como organizaciones sociales, medios de comunicación, técnicos y técnicas en digitalización y radiodifusión y el sector académico.

“Esta es la culminación de un proceso de seis años de lucha por la democratización de los medios y la comunicación en el país, para así garantizar derechos humanos básicos, como la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la comunicación”, afirmó Naranjo.

Además, para la redacción del proyecto se tomaron en cuenta estudios y opiniones de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría, de la Defensoría de los Habitantes, de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y de las  universidades públicas.

El proyecto de ley está ordenado en seis capítulos. El primero define el ámbito de aplicación de la ley, que es la radiodifusión sonora y televisiva, abierta al público y gratuita. El segundo se refiere al marco institucional y define los órganos encargados de hacer cumplir la ley y el régimen de competencias. El tercero es sobre el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, define su gestión, uso y aprovechamiento y los criterios para la asignación de frecuencias. Crea un régimen de concesiones y los requisitos, derechos, obligaciones y cánones para las concesiones. El cuarto es sobre los incentivos y la promoción de la radiodifusión comunitaria y cultural. El quinto habla sobre las obligaciones éticas y sociales de la radiodifusión por ser una actividad de interés público y estratégica para el desarrollo y la democracia en el país. Y el sexto habla sobre las disposiciones finales, donde se establecen las infracciones, sanciones y procedimientos aplicables.

Catalina Montenegro, productora audiovisual y coordinadora del Programa Onda-UNED, de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), destacó que este proyecto de ley no se mete a regular ningún contenido. “Ninguna frecuencia, ninguna emisora va a ser sancionada por el  contenido que transmita, a menos que sea algo que atente contra los derechos humanos”, dijo.

También se refirió a los plazos de otorgamiento de concesiones. “En el artículo 29 se establece que se otorgarán concesiones por un plazo de 20 años y que éstas serán prorrogables por una única vez. El estado tiene que tener un mecanismo para ver si el medio está cumpliendo con su función, si está cumpliendo con sus obligaciones, si está pagando su canon”, añadió Montenegro.

El Proyecto de Ley Participativa de Radio y Televisión contempla la democratización del espectro radioeléctrico desde un enfoque de equidad social, que devuelva al Estado la capacidad de administrar este bien público, que permita la coexistencia de medios comerciales, públicos y comunitarios y que respete y promueva nuestra diversidad cultural.

Marvin Amador, docente de la Universidad de Costa Rica (UCR) e integrante de la RedMica, se refirió a la propuesta de distribución de los recursos generados por el canon de las concesiones. Lo que se está proponiendo es destinar un 40% a la SUTEL; un 10% al Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICITT); un 10% al fortalecimiento de las emisoras culturales del ICER; y un 40% al apoyo y fortalecimiento de nuevas emisoras comunitarias con objetivos culturales y educativos.

Amador detalló que “la propuesta de ley establece la posibilidad de hacer una optimización del espectro, ya que hay frecuencias que no se están aprovechando  óptimamente, hay espacios entre las frecuencias que permitirían un uso más eficiente”.“Nuestra propuesta es que conforme se vaya optimizando el espectro, se procure completar la reserva que estamos proponiendo. Es decir, que del total del espectro en uso actualmente se destine el 50% a los operadores con fines comerciales; y se vaya haciendo la reserva de un 30% para operadores comunitarios; y un 20% para operadores de servicio público”, dijo.

El Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación, compuesto por representantes de la sociedad civil, organizaciones sociales, sector académico, medios alternativos y técnicos especializados, empezó a recolectar firmas desde ese momento con el fin de introducir la nueva ley por iniciativa popular ante la Asamblea Legislativa.

Esta actividad fue noticia en medios como CR Hoy, La Extra, France Press, Informatico, Teletica, CBH24, Primera Plana, ALER, El Periódico CR y en el Informativo de Voces Nuestras.

Se contó con la participación de más de 70 personas; de diversos sectores: medios tradicionales, medios alternativos, instituciones gubernamentales, estudiantes, sector académico y comunidades.

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